El Gobierno aprueba la LOMCE, la séptima ley educativa en 37 años de democracia, y prevé que llegue a las aulas en el curso 2014/2015
MAR RUIZ 17-05-2013
Lejos de cualquier marcha atrás, la reforma educativa sigue adelante. El anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la polémica ley Wert, que, al contrario de lo previsto, no inició su trámite parlamentario la semana pasada, pendiente de algunas "observaciones" y muy próximo a la huelga general en el sector, ha sido finalmente aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes. El objetivo del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, es que la séptima ley educativa en 37 años de democracia esté aprobada "en otoño" y llegue a las aulas en el curso 2014-2015. Entre otros aspectos, la LOMCE fija que la Religión cuente para la nota media como pedían los obispos.
Lejos de ninguna marcha atrás, la reforma educativa sigue adelante y suma elementos que sin duda añadirán polémica a la ya existente. Uno de los cambios más significativos que incluye el proyecto de ley, y que hasta ahora no había sido hecho público, es que la asignatura de Religión volverá a ser computable en España. Es decir, tendrá el mismo tratamiento que cualquier otra materia, como Matemáticas o Lengua Española, y en esa medida, contará para la nota media, contará para la obtención de becas y contará también a efectos de repetición de curso.
Para encontrar un tratamiento académico equivalente, hay que retroceder hasta la ley general de Educación, promulgada en 1970 durante la dictadura franquista y vigente hasta la LOGSE de 1990.
El cambio es una de las reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal Española, junto con la introducción de una asignatura alternativa a la Religión, demanda que también consiguen los obispos. Esa asignatura alternativa, que se llamará Valores sociales y culturales, tendrá también el mismo tratamiento académico. Ambas, Religión y su alternativa, serán materias optativas y no obligatorias, pero el alumno tendrá que cursar o bien una o bien otra.
Otro cambio importante es que ya no se podrá repetir curso con más de dos suspensos. Hasta ahora, se podía pasar curso hasta con tres, con una salvedad: el alumno tampoco podrá pasar de curso si suspende simultáneamente dos de las siguientes materias: Matemáticas, Lengua o idioma cooficial.
Encontronazos con Cataluña
La cuestión lingüística amenaza con provocar aún más encontronazos de los que ya había provocado, en particular entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.
Hasta ahora, el planteamiento del Ministerio era obligar a la Generalitat a pagar con fondos públicos la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que quieran ser escolarizados en castellano como lengua vehicular. El Consejo de Estado ha advertido al Ministerio de que no puede imponer a Cataluña esa fórmula, ya que no entra dentro de sus competencias.
Pues bien, para soslayar esa objeción, Educación ha introducido una nueva fórmula. El Ministerio adelantará el dinero para escolarizar a esos alumnos en colegios privados de Cataluña y después ese coste se detraerá de la financiación autonómica del estado a Cataluña.
Educación señala que, para un cálculo de unos 1.000 alumnos en esa situación, el coste podría ascender a cinco millones de euros anuales. Fuentes del Ministerio insisten en que es su obligación garantizar el derecho de todos los alumnos a recibir escolarización en castellano como lengua vehicular.
El departamento de Wert ha reservado esa cantidad para atender a las familias que reclamen que sus hijos se escolaricen en castellano, que en 2012 fueron 17. Para fijar esa cantidad, el ministro de Educación alega que "se ha hecho una hipótesis".
En cuanto a la libre elección del castellano, José Ignacio Wert sostiene que "recogiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, sólo se garantiza el derecho de los padres de que el castellano pueda ser utilizado como lengua vehicular".
Financiación con fondos europeos
El Consejo de Estado ya había advertido de la insuficiencia financiera de la reforma pero el Ministerio, lejos de presupuestar más dinero, anuncia que va a intentar financiar parte de ese proyecto con fondos europeos.
Por esta vía, Educación pretende conseguir entre un 50% y un 60% del coste de los 400 millones de euros de los costes directos de la ley, sobre todo para la implantación de la nueva FP básica.
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