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Un sindicato con representación en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se dirigió recientemente al alcalde capitalino, Jerónimo Saavedra, solicitándole que abone 12 euros a los agentes por cada sanción extendida, «en concepto de la carga psicológica que ofrecen los cuidadanos».
El coordinador del área de Policía Local de la Sección Sindical de Intersindical Canaria (IC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Barrios Naranjo, presentó el pasado 26 de febrero en el registro general de la corporación capitalina un escrito en el que solicita que al colectivo de Policía Local «se le abone 12 euros por cada denuncia que sea extendida, en concepto de la carga psicológica que ofrecen los ciudadanos», esto es, por soportar el berrinche de los multados.
En el mismo escrito, sellado en el Registro General de la corporación como recibido el pasado 2 de marzo, la sección sindical de IC solicita que «por cada una de las denuncias que sean abonadas por los denunciados tanto en el periodo voluntario como en vía ejecutiva, al agente actuante se le compense con una comisión o plus en el mismo concepto que a los empleados referidos en el inicio del presente».
La sección sindical de la Policía Local en IC justifica su petición al alcalde recapitulando que tiene conocimiento de que «en ciertos y determinados departamentos en este consistorio, sus componentes reciben prestaciones económicas por sus inspecciones y visitas que generen recursos».
Discriminados. A partir de este postulado, Intersindical Canaria argumenta: «Como quiera que el colectivo de Policía en la mayoría de sus intervenciones también produce beneficios para las arcas municipales, nos sentimos discriminados» (estas dos últimas palabras, en negrita en el original)
El sindicato formula su petición de un plus por cada sanción que presente «al amparo de la Constitución Española en sus artículos 9 y 14 así como en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, sobre la Ley de Igualdad, y más concretamente en su título IV donde dice El Derecho al trabajo en igualdad de oportunidades».
Compartir ingresos. El origen de la pretensión sindical de recibir un diezmo por cada multa se produce porque algunos funcionarios municipales lo reciben «no se sabe bien si por ley o por costumbre, pero en todo caso es un hábito que se remonta a mucho tiempo atrás, y que sólo beneficia a un pequeño grupo vinculado a la gestión de la recaudación municipal». Así lo explicaron ayer fuentes sindicales conocedoras de la peculiar iniciativa, «hay que entender que son los agentes los que tienen que sufrir la reacción de la población cuando se les impone una sanción, mientras una prebenda de origen desconocido ofrece un porcentaje de la recaudación a quienes no pasan ese mal trago», explicaron.
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