El expolítico tendrá aún más fácil irse a la empresa privada

[SOY__CANARION]

El expolítico tendrá aún más fácil irse a la empresa privada.

No hay que rebuscar demasiado para encontrar ejemplos de dirigentes políticos que, tras abandonar su cargo, ocupan inmediatamente importantes puestos en grandes compañías como Gas Natural, Telefónica o Endesa. Una cuestionable costumbre a la que parece que el Gobierno de Mariano Rajoy, lejos de someter a mayores controles -teniendo en cuenta el riesgo de que un diputado pueda usar su posición parlamentaria para asegurarse un trabajo en la empresa privada-, quiere dar aún más alas.
Según ha denunciado el Consejo de Estado, el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que el Gobierno acaba de enviar al Congreso, va a reducir aún más las limitaciones al ejercicio de actividades privadas una vez que los altos cargos públicos dejen la Administración.
Asegura el dictamen que la futura Ley no permite prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado "afectadas por decisiones" en las que han participado ese exalto cargo, mientras que en la Ley 5/2006, la limitación se extendía a empresas o sociedades privadas "relacionadas directamente con las competencias" del puesto ejercido, hubiera o no tomado decisiones al respecto. De este modo, lejos de poner coto a esas puertas giratorias con el mundo empresarial, una vez que deje el Parlamento", la propuesta suaviza el régimen de incompatibilidades que actualmente rige a los altos cargos públicos que tras abandonar la Administración pretenden pasar a formar parte de los consejos de empresas privadas.
También aprecia una "atemperación" en la limitación en materia de contratos públicos que actualmente se extiende a determinados tipos de contratos a celebrar con cualquier Administración Pública.
Ahora la prohibición se reduce a determinados contratos celebrados con la Administración Pública en la que el alto cargo hubiera prestado servicios, y siempre que el contrato guarde relación directa con las funciones que el alto cargo ejercía. De este modo, los altos cargos no podrán celebrar directamente ni mediante empresas contratistas, por sí mismos ni a través de entidades participadas por ellos en más del 10 por ciento.
Pensiones indemnizatorias
Por otro lado, critica el dictamen la previsión de la futura norma que hace incompatible la percepción de pensiones indemnizatorias o prestaciones compensatorias y el desempeño de cualquier actividad pública o privada retribuida incluso aunque se renuncie a su retribución. Dice el dictamen que "desconoce la razón que justifica prohibir el desempeño de una actividad pública o privada si no se renuncia a la correspondiente retribución y duda del efecto que esta previsión puede traer consigo a quienes sean funcionarios públicos".
A su juicio, "la opción por la pensión o la prestación compensatoria, les conduciría a la situación de excedencia por interés particular con los efectos estatutarios correspondientes, lo cual puede entenderse que constituye una penalización injustificada".


Leer más: El expolítico tendrá aún más fácil irse a la empresa privada - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/legislacion/ ... mdK0lIjD3j

[soycarlo15]

El expolítico tendrá aún más fácil irse a la empresa privada.

No hay que rebuscar demasiado para encontrar ejemplos de dirigentes políticos que, tras abandonar su cargo, ocupan inmediatamente importantes puestos en grandes compañías como Gas Natural, Telefónica o Endesa. Una cuestionable costumbre a la que parece que el Gobierno de Mariano Rajoy, lejos de someter a mayores controles -teniendo en cuenta el riesgo de que un diputado pueda usar su posición parlamentaria para asegurarse un trabajo en la empresa privada-, quiere dar aún más alas.
Según ha denunciado el Consejo de Estado, el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que el Gobierno acaba de enviar al Congreso, va a reducir aún más las limitaciones al ejercicio de actividades privadas una vez que los altos cargos públicos dejen la Administración.
Asegura el dictamen que la futura Ley no permite prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado "afectadas por decisiones" en las que han participado ese exalto cargo, mientras que en la Ley 5/2006, la limitación se extendía a empresas o sociedades privadas "relacionadas directamente con las competencias" del puesto ejercido, hubiera o no tomado decisiones al respecto. De este modo, lejos de poner coto a esas puertas giratorias con el mundo empresarial, una vez que deje el Parlamento", la propuesta suaviza el régimen de incompatibilidades que actualmente rige a los altos cargos públicos que tras abandonar la Administración pretenden pasar a formar parte de los consejos de empresas privadas.
También aprecia una "atemperación" en la limitación en materia de contratos públicos que actualmente se extiende a determinados tipos de contratos a celebrar con cualquier Administración Pública.
Ahora la prohibición se reduce a determinados contratos celebrados con la Administración Pública en la que el alto cargo hubiera prestado servicios, y siempre que el contrato guarde relación directa con las funciones que el alto cargo ejercía. De este modo, los altos cargos no podrán celebrar directamente ni mediante empresas contratistas, por sí mismos ni a través de entidades participadas por ellos en más del 10 por ciento.
Pensiones indemnizatorias
Por otro lado, critica el dictamen la previsión de la futura norma que hace incompatible la percepción de pensiones indemnizatorias o prestaciones compensatorias y el desempeño de cualquier actividad pública o privada retribuida incluso aunque se renuncie a su retribución. Dice el dictamen que "desconoce la razón que justifica prohibir el desempeño de una actividad pública o privada si no se renuncia a la correspondiente retribución y duda del efecto que esta previsión puede traer consigo a quienes sean funcionarios públicos".
A su juicio, "la opción por la pensión o la prestación compensatoria, les conduciría a la situación de excedencia por interés particular con los efectos estatutarios correspondientes, lo cual puede entenderse que constituye una penalización injustificada".


Leer más: El expolítico tendrá aún más fácil irse a la empresa privada - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/legislacion/ ... mdK0lIjD3j

Tu eres del PSOE..., que casualidad que antes con el PSOE no decias nada... </ironic>

Es una verguenza como el que pone la ley es el principal beneficiado de ella... esto no pasaba si para ser politico tienen que hacer carrera como para ser un juez, medico, profesor... o tener un órgano independiente a la política que regule estas cosas...

Es increible...