Los jueces no quieren que la empresa de Ramírez les lleve la seguridad en el Palacio de Justicia de Las Palmas.
Publicado: Sab Ene 30, 2016 2:02 pm
Otra vez sale a la palestra el nombre de nuestro distinguido presidente en temas extra-deportivos.
Una más y ya van.......
Los jueces de instrucción no quieren seguridad privada en la Ciudad de la Justicia
Han solicitado formalmente al presidente del TSJC que se ocupe la Guardia Civil o la Policía Canaria.
El nuevo edificio está custodiado por Seguridad Integral Canaria, que alega que ya lo hacía en las sedes dispersas.
Los ocho jueces de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria han solicitado formalmente al decano de este partido judicial y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que reclamen a las autoridades gubernamentales que sea la Guardia Civil o la Policía Canaria quien se ocupe de la custodia del nuevo edificio judicial de la capital, conocido como Ciudad de la Justicia. Así lo acordaron el pasado jueves sin que se conozca de momento ninguna reacción al respecto.
La Ciudad de la Justicia está siendo vigilada desde su inauguración, en enero pasado, por la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que tiene vivos en ese mismo edificio decenas de pleitos en todas las jurisdicciones (laboral, civil, penal y contencioso-administrativa), el último de ellos una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos por presunto fraude fiscal en el pago de emolumentos a sus empleados.
Los jueces prefieren que las nuevas instalaciones vuelvan a estar custodiadas por la Guardia Civil, como ocurriera hasta hace pocas semanas con el edificio de la calle Granadera Canaria, que el Gobierno regional dedicará ahora a dependencias de la Consejería de Educación. En caso de que la Guardia Civil alegara falta de efectivos, los magistrados proponen que sea la Policía Canaria quien se ocupe.
Seguridad Integral Canaria se hizo cargo de la custodia de la Ciudad de la Justicia casi de modo automático al no haber caducado el contrato que mantiene con la Consejería de Presidencia por el que custodiaba las numerosas sedes alquiladas en las que hasta ahora se encontraban dispersos los juzgados del partido judicial. Así lo confirmó a este periódico una fuente autorizada de la empresa.
La Ciudad de la Justicia está custodiada por un promedio de cuatro vigilantes de seguridad en cada uno de los tres turnos diarios, según la Viceconsejería de Justicia.
La Guardia Civil se retiró de la vigilancia del edificio judicial sin que haya habido explicaciones a los jueces. De manera oficiosa saben que no había problemas desde el instituto armado para continuar con esa tarea, pero la Delegación del Gobierno ordenó que cesara.
Por su parte, la Policía Canaria tiene entre sus cometidos legales la custodia de edificios públicos propiedad de la Comunidad Autónoma, como es el caso.
Fuente: http://www.eldiario.es/canariasahora/so ... 27412.html
Por otro lado otra noticia que tiene que ver con el empresario Canario presidente de la UD Las Palmas.
Vigilantes del turno de noche tuvieron sexo en la Ciudad de la Justicia
Seguridad Integral Canaria despide a uno de los implicados tras ser localizado por sus compañeros en las dependencias judiciales
Vigilantes del turno de noche de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria han sido denunciados por realizar prácticas sexuales en el interior del edificio en horario laboral. Las cámaras de seguridad pillaron in fraganti a uno de los empleados de la empresa Seguridad Integral Canaria, que se encarga de custodiar el inmueble judicial, aunque no era la primera vez que una mujer entraba con nocturnidad en las dependencias.
Uno de los vigilantes fue despedido en noviembre tras ser localizado por sus propios compañeros, según fuentes de la empresa. El responsable de Seguridad de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, José Romero Afonso, no dudó en poner en conocimiento de la Policía Nacional estos hechos para iniciar una investigación, que ya ha sido archivada. Este cargo interpuso una denuncia el 30 de noviembre en la que informa de la actuación de los guardias, que permitían acceder a "personas ajenas al servicio" de forma irregular y llevaban a cabo "actos sexuales" dentro del edificio. En su denuncia ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía, que divulgó ayer el diario digital El Confidencial, Afonso revela que ha "detectado" la entrada de personas "sin autorización" a la sede de los juzgados.
En concreto, alude a un caso y describe detalles sobre cómo en un momento dado "una mujer se mueve con toda tranquilidad por la zona" e incluso entra en el "área restringida del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) e información", es decir, el centro de control de cámaras y la base desde donde se coordina todo el servicio de vigilancia del edificio. La "chica" se adentró en la habitación junto con uno de los guardias, que "se olvida de sus funciones, se desnuda" y llevan a cabo "actos sexuales", relata el director del área de Seguridad, que depende de la Dirección General de Relaciones con la Justicia.
Romero Afonso, que ha colgado en su muro de Facebook lo ocurrido, tacha de "grave" el episodio y sostiene que "no es un hecho aislado". Es más, denuncia que otros vigilantes faltan también a sus puestos de trabajo o abandonan sus tareas asignadas para acudir a otros servicios. Igualmente, cuestiona ante la policía la labor del inspector de la contrata al ordenar cacheos sin su permiso. Aduce que estas medidas sólo se hacen de manera "muy excepcional" y "con proporcionalidad adecuada y preservando la intimidad de las personas". Afonso apunta que nunca ha dado instrucciones de este tipo porque, entre otras razones, los guardias disponen de detectores manuales para descubrir elementos extraños.
El 12 de enero amplió su demanda y reclamó abrir un expediente a la empresa, que, además, considera que le ningunea al adoptar decisiones sin contar con su autorización. Afonso ve "negligente" la actuación de la entidad en la prestación del servicio en el edificio judicial.
Nada más conocer los hechos y confirmar su veracidad, Seguridad Integral Canaria despidió "de forma inmediata" al vigilante cuyo nombre y apellidos figuraban claramente en la denuncia por mantener relaciones sexuales. Fuentes de la compañía informaron ayer a este periódico de que tras saber lo acontecido se rescindió la relación laboral con el implicado.
Además, los mismos responsables empresariales apuntan que en estos dos últimos meses no se han repetido circunstancias similares dentro del edificio y dan por zanjado el incidente.
El Gobierno adjudicó en julio de 2014 a Seguridad Integral Canaria la vigilancia y seguridad de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma por 7,8 millones de euros en dos años. La contrata protege 20 sedes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 14 en Las Palmas. Esta adjudicación nació envuelta en la polémica, por el desacuerdo de varios jueces de conceder este servicio a una empresa con pleitos pendientes.
Por su lado, responsables de la Unión Sindical Obrera (USO), que mantienen sus denuncias contra Miguel Ángel Ramírez, empresario de Seguridad Integral Canaria, han divulgado lo ocurrido en la Ciudad de la Justicia.
Fuente: http://www.laprovincia.es/canarias/2016 ... 86780.html
Una más y ya van.......
Los jueces de instrucción no quieren seguridad privada en la Ciudad de la Justicia
Han solicitado formalmente al presidente del TSJC que se ocupe la Guardia Civil o la Policía Canaria.
El nuevo edificio está custodiado por Seguridad Integral Canaria, que alega que ya lo hacía en las sedes dispersas.
Los ocho jueces de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria han solicitado formalmente al decano de este partido judicial y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que reclamen a las autoridades gubernamentales que sea la Guardia Civil o la Policía Canaria quien se ocupe de la custodia del nuevo edificio judicial de la capital, conocido como Ciudad de la Justicia. Así lo acordaron el pasado jueves sin que se conozca de momento ninguna reacción al respecto.
La Ciudad de la Justicia está siendo vigilada desde su inauguración, en enero pasado, por la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que tiene vivos en ese mismo edificio decenas de pleitos en todas las jurisdicciones (laboral, civil, penal y contencioso-administrativa), el último de ellos una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos por presunto fraude fiscal en el pago de emolumentos a sus empleados.
Los jueces prefieren que las nuevas instalaciones vuelvan a estar custodiadas por la Guardia Civil, como ocurriera hasta hace pocas semanas con el edificio de la calle Granadera Canaria, que el Gobierno regional dedicará ahora a dependencias de la Consejería de Educación. En caso de que la Guardia Civil alegara falta de efectivos, los magistrados proponen que sea la Policía Canaria quien se ocupe.
Seguridad Integral Canaria se hizo cargo de la custodia de la Ciudad de la Justicia casi de modo automático al no haber caducado el contrato que mantiene con la Consejería de Presidencia por el que custodiaba las numerosas sedes alquiladas en las que hasta ahora se encontraban dispersos los juzgados del partido judicial. Así lo confirmó a este periódico una fuente autorizada de la empresa.
La Ciudad de la Justicia está custodiada por un promedio de cuatro vigilantes de seguridad en cada uno de los tres turnos diarios, según la Viceconsejería de Justicia.
La Guardia Civil se retiró de la vigilancia del edificio judicial sin que haya habido explicaciones a los jueces. De manera oficiosa saben que no había problemas desde el instituto armado para continuar con esa tarea, pero la Delegación del Gobierno ordenó que cesara.
Por su parte, la Policía Canaria tiene entre sus cometidos legales la custodia de edificios públicos propiedad de la Comunidad Autónoma, como es el caso.
Fuente: http://www.eldiario.es/canariasahora/so ... 27412.html
Por otro lado otra noticia que tiene que ver con el empresario Canario presidente de la UD Las Palmas.
Vigilantes del turno de noche tuvieron sexo en la Ciudad de la Justicia
Seguridad Integral Canaria despide a uno de los implicados tras ser localizado por sus compañeros en las dependencias judiciales
Vigilantes del turno de noche de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria han sido denunciados por realizar prácticas sexuales en el interior del edificio en horario laboral. Las cámaras de seguridad pillaron in fraganti a uno de los empleados de la empresa Seguridad Integral Canaria, que se encarga de custodiar el inmueble judicial, aunque no era la primera vez que una mujer entraba con nocturnidad en las dependencias.
Uno de los vigilantes fue despedido en noviembre tras ser localizado por sus propios compañeros, según fuentes de la empresa. El responsable de Seguridad de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, José Romero Afonso, no dudó en poner en conocimiento de la Policía Nacional estos hechos para iniciar una investigación, que ya ha sido archivada. Este cargo interpuso una denuncia el 30 de noviembre en la que informa de la actuación de los guardias, que permitían acceder a "personas ajenas al servicio" de forma irregular y llevaban a cabo "actos sexuales" dentro del edificio. En su denuncia ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía, que divulgó ayer el diario digital El Confidencial, Afonso revela que ha "detectado" la entrada de personas "sin autorización" a la sede de los juzgados.
En concreto, alude a un caso y describe detalles sobre cómo en un momento dado "una mujer se mueve con toda tranquilidad por la zona" e incluso entra en el "área restringida del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) e información", es decir, el centro de control de cámaras y la base desde donde se coordina todo el servicio de vigilancia del edificio. La "chica" se adentró en la habitación junto con uno de los guardias, que "se olvida de sus funciones, se desnuda" y llevan a cabo "actos sexuales", relata el director del área de Seguridad, que depende de la Dirección General de Relaciones con la Justicia.
Romero Afonso, que ha colgado en su muro de Facebook lo ocurrido, tacha de "grave" el episodio y sostiene que "no es un hecho aislado". Es más, denuncia que otros vigilantes faltan también a sus puestos de trabajo o abandonan sus tareas asignadas para acudir a otros servicios. Igualmente, cuestiona ante la policía la labor del inspector de la contrata al ordenar cacheos sin su permiso. Aduce que estas medidas sólo se hacen de manera "muy excepcional" y "con proporcionalidad adecuada y preservando la intimidad de las personas". Afonso apunta que nunca ha dado instrucciones de este tipo porque, entre otras razones, los guardias disponen de detectores manuales para descubrir elementos extraños.
El 12 de enero amplió su demanda y reclamó abrir un expediente a la empresa, que, además, considera que le ningunea al adoptar decisiones sin contar con su autorización. Afonso ve "negligente" la actuación de la entidad en la prestación del servicio en el edificio judicial.
Nada más conocer los hechos y confirmar su veracidad, Seguridad Integral Canaria despidió "de forma inmediata" al vigilante cuyo nombre y apellidos figuraban claramente en la denuncia por mantener relaciones sexuales. Fuentes de la compañía informaron ayer a este periódico de que tras saber lo acontecido se rescindió la relación laboral con el implicado.
Además, los mismos responsables empresariales apuntan que en estos dos últimos meses no se han repetido circunstancias similares dentro del edificio y dan por zanjado el incidente.
El Gobierno adjudicó en julio de 2014 a Seguridad Integral Canaria la vigilancia y seguridad de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma por 7,8 millones de euros en dos años. La contrata protege 20 sedes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 14 en Las Palmas. Esta adjudicación nació envuelta en la polémica, por el desacuerdo de varios jueces de conceder este servicio a una empresa con pleitos pendientes.
Por su lado, responsables de la Unión Sindical Obrera (USO), que mantienen sus denuncias contra Miguel Ángel Ramírez, empresario de Seguridad Integral Canaria, han divulgado lo ocurrido en la Ciudad de la Justicia.
Fuente: http://www.laprovincia.es/canarias/2016 ... 86780.html